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Preguntas Frecuentes
Anexo D | Brasil | Contratos| Empresas |Hidrocarburos en Bolivia | Leyes | Regalías | YPFB
Anexo D
El 30 de abril de 1996, Gonzalo Sánchez de Lozada promulgó la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, el Anexo D es una de esas reservas confidenciales contenidas en los contratos de riesgo compartido, que fueron firmados con las empresas petroleras extranjeras durante los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga.
Entre las empresas transnacionales petroleras que firmaron los contratos de riesgo compartido y financiaron los recursos del Anexo D se encuentran: Pluspetrol, Vintage Petroleum Boliviana Ltda., Maxus Bolivia Inc., Tesoro Bolivia Petroleum Company, Total Exploration Producci ón Bolivia, Pan Adrean Resources, Dong Won Corporatión Bolivia, Repsol Exploration Secure, Repsol, Bolipetro, YPF S.A., Petrobras, Tecpetrol, ETB Gama, Canadian y Perez Compac.
El Anexo D es parte de la Cláusula de Fondos de Cooperación de los modelos de Contrato de Riesgo Compartido para Áreas de Exploración y Explotación por Licitación Pública y de Contrato de Riesgo Compartido para Áreas de Explotación por Licitación Pública, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 24806 en agosto de 1996, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Mediante el Anexo D, cada empresa petrolera invierte una determinada cantidad de dinero por año de contrato en cada una de las parcelas en las que opera. Por parcela de exploración en zona tradicional, invierte 1.500 $us.; por parcela de exploración en zona no tradicional, 250 $us.; y 10.000 $us., por cada parcela de explotación.
Con dichos fondos, según los términos del contrato, las distintas empresas petroleras financiarían a YPFB en:
- La capacitación de personal en el interior y exterior del país.
- El mejoramiento tecnológico administrativo: equipos de oficina, consultorías, equipos y servicios de comunicación.
- Viajes para funcionarios con temas relacionados a la exportación de gas natural.
- Etapas de desembolso de recursos del Anexo D
El primer paso para el desembolso del dinero proveniente del Anexo D es la presentación de una solicitud escrita, por parte de YPFB a una empresa petrolera determinada, en la cual se indica el monto, el objeto del gasto y el nombre del beneficiario final. Es decir que, al contrario de lo que sostenía el Ministro de Minas, antes de dar un centavo, la empresa petrolera ya sabe a quién y para qué desembolsa el dinero.
Una vez recibida la carta de solicitud de “fondos de cooperación” de YPFB, la empresa petrolera emite cheques con los montos solicitados a nombre del beneficiario final y hace entrega de los mismos a YPFB.
Finalmente, YPFB realiza los pagos y entrega recibos o facturas –según el caso–, emitidas por el beneficiario final, a la empresa que desembolsó el dinero. Las facturas y recibos se encuentran a nombre de la empresa petrolera y forman parte del balance económico del beneficiario, lo cual significa que este último sabe de donde provienen los fondos con los que remuneran su trabajo.
Brasil
En 1965, con la visita de una misión brasileña, se negoció la construcción de un gasoducto Bolivia-Brasil, que quedó postergado por que Bolivia concretaba un contrato de exportación de gas a la Argentina, con ejecución a partir de 1972.
Para mayo de 1974, los Presidentes Hugo Bánzer y Ernesto Geisel firmaron un acuerdo para la compraventa de 240 millones de pies cúbicos de gas por día.
La larga ronda de negociación de casi dos décadas, que corren desde la visita de Geisel, finalmente adquirió un giro definitivo con la CARTA DE INTENCIONES SOBRE EL PROCESO DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA BOLIVIA-BRASIL / YPFB (Min. de Energía e Hidrocarburos)-PETROBRAS, suscrita en la ciudad de La Paz el 26 de noviembre de 1991.
Los principales puntos de acuerdo de la indicada Carta fueron los siguientes:
- Compraventa de gas con un volumen inicial de 8 a 16 MMCD;
- Participación empresarial brasilera en exploración, producción, comercialización, transporte, etc., en Bolivia.
- Que YPFB tome los recaudos necesarios para asegurar la disponibilidad de los volúmenes comprometidos.
La ruta elegida para el gasoducto es una vía que conecta la ciudad boliviana de Puerto Suárez con la vecina ciudad brasilera de Corumbá (posteriormente definida el 25 de mayo de 1992).
Contratos
Los contratos de asociación, según la ley de hidrocarburos 3058 (vigente), son aquellos en los que YPFB se asocia con otras empresas privadas para ejecutar la explotación y comercialización de los hidrocarburos.
Contrato de Operación, según la ley de hidrocarburos 3058 (vigente), son aquellos en los que YPFB no efectúa ninguna inversión, y asume el riesgo o responsabilidad de las inversiones, siendo la empresa extranjera la que aporte con las instalaciones, equipos, materiales, tecnología y otros.
Empresas
ENRON fue una corporación norteamericana que, de ser una pequeña empresa distribuidora de gas en Texas, en menos de quince años, se convirtió en el séptimo grupo empresarial de los Estados Unidos. Se creó en 1985, con la fusión de Houston Natural Gas e InterNorth, una compañía de gas natural de Nebraska que a fines de los años ochenta comenzó a comercializar gas natural transformándose en el mayor comercializador de gas natural de Estados Unidos y el Reino Unido.
Al momento de la quiebra, tenía 21.000 empleados distribuidos en más de 40 países, facturaba alrededor de 100 mil millones de dólares y estaba organizada sobre la base de más de 3.000 sociedades unidas, a través de holdings, lo que también hizo casi imposible el seguimiento contable y fácil el fraude empresarial.
ENRON llegó a Bolivia con el objetivo de conseguir inversiones y financiamiento para construir el gasoducto al Brasil; Dentro de este proceso ENRON logra que YPFB conceda todos sus bienes a favor de una compañía: Transredes de la cual ENRON en la actualidad es accionaría junto con otra empresa petrolera la anglo holandesa Shell.
YPFB no tenía recursos para el financiamiento del gasoducto a Brasil desde Río Grande hasta Sâo Paulo, el gobierno de Sánchez de Lozada acuerda con Enron su participación como intermediario financiero o “broker”, es decir ofrece pagarle un 3 % del monto total de los dineros que consiguiese para financiar la ejecución del proyecto.
A mediados de los años noventa, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se ejecutaron varias políticas gubernamentales en pos de la modernización que era el elementos central del discurso con el cual se justificaba la contratación de ENRON y el contrato de exportación de gas al Brasil, que además por ello se hicieron de forma conexa. Las políticas gubernamentales estaban orientadas a la transnacionalización de la economía, dirigida por el poder internacional y ejecutada por una élite política convencida de que ésa debía ser la suerte “moderna” del país.
El Contrato de compra - venta, entre ambos países, establecía : “La necesidad de la participación del sector privado de ambos países para que por medio de encuentros empresariales, analicen las posibilidades de inversión y comercio”. Se subraya la cuestión de la participación de empresarios privados de ambos países, para que después se encarguen del gasoducto de su administración / propiedad por parte de terceros privados.
El contrato fue titulado “Contrato de Asociación Accidental con Pacto de Accionistas” (CAAPA) y suscrito por las empresas petroleras: YPFB y ENRON, en la ciudad norteamericana de Miami el 9 de diciembre de 1994.
Dentro de la revisión de la documentación y los arreglos al contrato constantemente, la documentación hace uso del término compañía.
La compañía TRANSREDES SAM de transporte de hidrocarburos fue creada para administrar el futuro gasoducto y, lo más importante, asumir el transporte de hidrocarburos en todo en el país. Esto luego de que ENRON y SHELL – la empresa transnacional anglo holandesa introducida para que el cambio de manos de YPFB a ENRON no pareciese un descarado monopolio a favor de la segunda – fuesen las empresas petroleras transnacionales que capitalizaron YPFB en el componente de transporte de hidrocarburos y que, consecuentemente, también asumieron la cuota parte de YPFB en el gasoducto al Brasil.
El importe que el Estado colocaba en acciones para la nueva empresa de transporte de hidrocarburos alcanzaba a un valor libros de los activos de YPFB de doscientos sesenta y tres millones con quinientos mil dólares americanos (263.500.000 $us) y los socios capitalizadores debían depositar en la cuenta de Transredes una cantidad similar para inversiones.
Petrobras
Actualmente, Petrobras está presente en toda la cadena hidrocarburífera, tanto en el Upstream: exploración-explotación, como en el Downstream: comercialización y distribución de hidrocarburos y sus derivados. Esto se debe precisamente a todo ese conjunto de leyes y decretos emitidos por los gobiernos que ocuparon el poder del Estado desde el proceso de privatización de la estatal petrolera.
Esta hegemonía fue posible gracias a que, en diversas reparticiones del Estado (YPFB residual, Ministerio y Viceministerio de Hidrocarburos y Minería, Superintendencia de Hidrocarburos, etc.), estos gobiernos fueron posesionando a toda una rosca de poder. Esta rosca, no contentándose con la venta de YPFB, una de las empresas más rentables, a precio de gallina muerta, fue allanando el camino en favor de los consorcios petroleros y, por ende, de Petrobras.
YPFB transfirió los campos San Alberto y San Antonio – descubiertos por YPFB en octubre de 1990 – en favor de Petrobras. Según la firma de Goldyer & MacNaughton, la certificación que realiza de las reservas hidrocarburíferas al 1º de enero del 2003 señala que dichos campos poseen juntos 22.7 trillones de pies cúbicos, de un total de 54.8 trillones de pies cúbicos de reservas de gas natural, entre probadas y probables.
Petrobras controla un 41.4% del total de reservas gasíferas del país. En tanto, en el petróleo, Petrobras controla el 33.3% (351 millones de barriles) de un total de 956.9 millones de barriles de reservas probadas y probables de petróleo y condensado.
Petrobras, fuera de participar en el campo Monteagudo con un 20%, junto a la compañía Maxus – una subsidiaria de la española Repsol YPF –, se adjudicó los bloques Río Hondo e Ingre, junto a su socia Total. También participa activamente, en asociación con la empresa Pérez Compac, en el proceso de refinación, comercialización y transporte de hidrocarburos y sus derivados, a través de su subsidiaria EBR ( La Empresa Boliviana de igual manera, participa en la distribución de productos derivados de petróleo, a través de la EBD (Empresa Boliviana de Distribución), subsidiaria de la EBR.
Petrobras tiene acceso al mercado brasileño (derecho preferente). Obtuvo este privilegio a raíz del contrato original de compra-venta de gas natural, firmado en febrero de 1993. Por otro lado, su hegemonía es producto de las operaciones que mantiene en la cadena hidrocarburífera del país; mismas que se desarrollaron líneas arriba.
Hidrocarburos en Bolivia
El descubrimiento de hidrocarburos en Bolivia fue muy importante para el desarrollo de su economía, ya que a nivel mundial son los recursos económicos más valiosos. Su hallazgo en el país data del año 1897 (ORGAZ: 2002, 99), cuando el expedicionario Manuel Cuellar realizó recorridos por el Chaco boliviano y los guaraníes que lo acompañaban contaban que curaban las heridas de sus animales con unas aguas mágicas. De esa manera, llegaron a una quebrada en Maydiyuti, muy cerca de Camiri, confirmando así que se trataba de petróleo.
El año 1922, la Richmond Levering transfirió sus concesiones a la norteamericana Standard Oil Company, empresa que llegó a extraer petróleo durante seis años sin pagar ningún tipo de regalía o impuesto al Estado boliviano.
La empresa estadounidense junto a la petrolera anglo-holandesa Shell, que operaba en Paraguay, influyeron en el cruento conflicto conocido como Guerra del Chaco, que le deparó a Bolivia elevadas pérdidas humanas, territoriales y económicas. En consecuencia, las autoridades bolivianas nacionalizaron los bienes de la Standard Oil, indemnizándolo con 1.7 millones de dólares, y en diciembre de 1936 crearon la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Es un código petrolero elaborado en 1955, durante el mandato de Víctor Paz Estensoro, y mediante este las empresas petroleras extranjeras lograron imponer nuevas condiciones, fijando el pago de regalías de sólo 18% para el estado boliviano. Mientras que el 82% pasó a engrosar las ganancias de las empresas extranjeras. Además, al año siguiente, se entregaron los mejores pozos de gas a la Gulf Oil Company.
Leyes
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¿Qué relaciones de poder han establecido las empresas petroleras gracias a las disposiciones legales del sector hidrocarburíferos?
La Ley de Hidrocarburos 1689 con su conjunto de reglamentos como la Ley Tributaria 843 y su respectivo código han permitido la constitución de un súper poder petrolero en Bolivia que se ha estado beneficiando de la exportación masiva de gas barato a sus filiales en los países limítrofes al igual que de las rebajas en los pagos de regalías y el impuesto a la remisión de utilidades, así como de la explotación del mercado interno, favorecidas además por las constantes alzas en los precios de los combustibles destinados al consumo de los bolivianos y que guardan relación con la elevación internacional del petróleo. Luego, resulta ser una trágica ironía que Bolivia que se encuentra entre los países más pobres de Sud América, teniendo grandes reservas de hidrocarburos, tenga que pagar precios tan altos como los países importadores del primer mundo.
Finalmente, los pagos que realizan las compañías por regalías e impuestos resultan ser sumamente exiguas para el Estado respecto a otras fuentes de ingresos fiscales. En efecto, a diez años de la privatización de los hidrocarburos en Bolivia, el aporte de las aproximadamente 35 empresas petroleras oscila entre el 6% al 8 % de los ingresos totales del Estado los años 2002 - 2003. Por si fuera poco, las compañías pagan una parte importante de sus obligaciones con certificados de crédito fiscal y no con moneda boliviana o internacional, dejando al Tesoro Nacional con graves problemas de liquidez.
La Ley de Hidrocarburos 1194, promulgada el año 1990 por Jaime Paz Zamora, cuando los hidrocarburos se explotaban por YPFB y también por las empresas privadas –las cuales lo hacían bajo contratos de Operación y Asociación –, y la propiedad de los yacimientos y la producción de hidrocarburos que se obtenía en boca de pozo era del Estado. Las empresas entregaban el 100% de su producción a YPFB, quien a su vez distribuía un 50% de regalías para las regiones y el Estado, y el otro 50% para la empresa petrolera.
El 30 de abril de 1996, Gonzalo Sánchez de Lozada promulgó la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, norma que fue diseñada con el objetivo de atraer capitales que financien la explotación de hidrocarburos y su posterior exportación a los mercados externos.
Los puntos más importantes y sobresalientes de esta Ley son:
- Reducción de las regalías y participaciones del 50% al 18%.
- Clasificación de los campos en existentes y nuevos, donde los existentes pagan 50% de regalías y los nuevos tan solo un 18%. Según esta clasificación, los hidrocarburos existentes representan aproximadamente 6%, y los nuevos representan el 94% del total de hidrocarburos de Bolivia.
- El Estado es propietario de los hidrocarburos bajo tierra; una vez que salen a la superficie, son de las empresas extranjeras.
- Se crea la Secretaría Nacional de Energía, como instancia encargada de fijar los precios de los hidrocarburos.
Sin duda a las compañías petroleras, puesto que obtuvieron la rebaja de regalías petroleras del 50 % al 18 % para hidrocarburos nuevos y la rebaja en el impuesto a la remisión de utilidades, quedando sólo 6 campos en explotación, considerados hidrocarburos viejos o existentes con regalías de 50 %. Los otros 20 campos descubiertos por YPFB antes de la privatización pasaron a manos de las compañías Chaco y Petrobrás clasificados como hidrocarburos nuevos. Posteriormente, más de 70 contratos de riesgo compartido fueron firmados por el régimen de Sánchez de Lozada y los gobiernos posteriores con las compañías para que cancelasen únicamente regalías del 18 %, aumentando de manera extraordinaria las ganancias de las últimas a costa de una disminución en los ingresos del Estado. Las reservas descubiertas por YPFB que se encontraban sin explotarse fueron reclasificadas como hidrocarburos nuevos.
Para fines de 1995, como corolario de todo el proceso, el gobierno de Sánchez de Lozada, con la mal llamada “capitalización”, entregó de manera gratuita las reservas probadas de gas y petróleo, valoradas en 10 mil millones de dólares a las empresas transnacionales.
La reclasificación de los campos según la ley de hidrocarburos 1689 firmada en le gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, divide los acampos petrolero en nuevos y existentes: Los campos nuevos con está ley pagaban 18% de regalías y los existentes pagan 50%.
Es importante recordar que, antes de la capitalización (1996), YPFB aportaba al TGN 123,7 millones de dólares. El año 1997, YPFB aportó sólo 103,6 millones de dólares, lo cual significa que el Estado nacional perdía recursos económicos con la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos. Por otro lado, en los últimos siete años, las inversiones petroleras llegaron a alrededor de 3.500 millones de dólares.* Las reservas de gas se incrementaron de cinco trillones de pies cúbicos (TCF) a 55 trillones, dado que YPFB contaba con campos descubiertos y lo único que hicieron las empresas transnacionales fue certificar esos pozos, que habían sido descubiertos con anterioridad por YPFB. Es así que Bolivia, después de Venezuela, pasó a ser uno de los países con mayores reservas de gas en el Cono Sur.
*Camara Boliviana de Hidrocarburos (CBH)
Al amparo de la nueva Ley de Hidrocarburos (1689), llegaron al país las empresas petroleras más grandes del mundo, como: Petrobras, Amoco, British Gas, British Petroleum, Exxon, Repsol YPF y Total Fina Elf. Muchas de ellas participaron del proceso de capitalización agrupándose en sociedades, como Chaco SA., que agrupaba a las empresas Amoco, Andina SA (YPF-Pérez Companc - Pluspetrol), la Transportadora SAM (Sociedad Anónima Mixta) y Enron-Shell. Éstas, dadas las condiciones extremadamente ventajosas, no dudaron en invertir en este sector.
Regalías
La nueva Ley de Hidrocarburos vigente en el país, promulgada por Hormando Vaca Díez el 17 de mayo de 2005, modifica la estructura de regalías y participaciones de la anterior Ley 1689; elimina la definición de hidrocarburos nuevos y existentes: y crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH, artículo 52 de la ley 3058). Esto con una tasa del 32%, no acreditable, aplicada a todos los campos productores de hidrocarburos en su primera etapa de comercialización, y manteniendo el 18% de regalías de la anterior Ley.
La situación financiera de YPFB se mantiene precaria, pues esta ley no le atribuye ingresos y elimina a YPFB de la participación con la que contaba anteriormente; es decir, del 6% de la producción total. En definitiva, la nueva Ley de Hidrocarburos no le designa ingresos a YPFB y, peor aún, genera que YPFB garantice el pago del Bonosol*, beneficio que hasta el año 2005 alcanzaba cifras cercanas a los 100 millones de dólares. De este monto, las empresas capitalizadas: petroleras, eléctricas, ferroviarias, de telecomunicaciones y la aerolínea nacional LAB, generan el 50% aproximadamente. El resto proviene de préstamos, que lo único que hacen es endeudar más al Estado nacional.
*El Bonosol es un beneficio anual de Bs. 1.800, que el Estado boliviano otorga a las personas mayores de 65 años.
La distribución de los recursos captados por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se distribuirán entre los departamentos del país y el Tesoro General de la Nación, como establece el Decreto Supremo 28421 en su artículo 2.
Departamentos productores: Los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca recibirán 12,5% cada uno, del valor total recaudado en efectivo. Estos recursos irán a favor de las prefecturas departamentales. (Total 50%).
Los departamentos no productores: Los departamentos de Beni, Pando, La Paz, Oruro y Potosí recibirán un 6,25% cada uno, del valor total recaudado en efectivo. (Total 31,25%).
Fondo compensatorio: El Fondo Compensatorio será destinado a los municipios y universidades de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz –departamentos que agrupan a más del 70% de la población nacional –, mediante el fondo compensatorio de 5% del total recaudado.
Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas, Pueblos Originarios y Comunidades Campesinas: Se destinará un 5% del valor total recaudado en efectivo al desarrollo de pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas.
Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Nacional: Se asignará un 5% de los recursos del IDH a un Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Nacional, como una política de masificación del uso del gas natural en el país. Este fondo será administrado por el Ministerio de Hidrocarburos.
El TGN otorgará un monto, mediante asignación presupuestaria anual, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, para que estas instituciones destinen los recursos en programas y proyectos específicos, excepto a gasto corriente o pago de salarios.
YPFB
Hasta 1986, YPFB, junto a otras empresas estatales (CBF, ENFE, ENDE, ENTEL, LAB), mantuvo una posición trascendental en el aparato productivo nacional. Incluso con las reformulaciones que el gobierno de Paz Zamora hiciera a la legislación sobre hidrocarburos en 1990 (Ley 1194), YPFB continuó siendo una empresa rectora en la economía nacional. Los aportes monetarios de YPFB al Estado oscilaron entre 300 y 400 millones de dólares anuales. La empresa estatal de petróleo se convirtió en la fuente más importante de recursos del Estado.
Toda la capacidad productiva de YPFB se clausuró adrede con la política de debilitamiento de YPFB y posterior privatización de los hidrocarburos impulsada por los gobiernos de la coalición MNR - ADN con Paz Estensoro como jefe del poder ejecutivo (1985 – 1989), al igual que con el régimen de la alianza MIR – ADN (1989 – 1993) con Jaime Paz como presidente, para finalmente desembocar en el gobierno de Sánchez de Lozada que apoyado por la alianza política MNR-MBL-UCS-MRTK (1993-1997) terminó entregando los sectores estratégicos de la economía a las compañías transnacionales. Esta privatización, se cristalizó con la promulgación de la Ley de Capitalización, de la Ley de Pensiones y de la Ley de Hidrocarburos 1689 de 1996. Finalmente, YPFB acabó siendo desmembrada y sus activos e instalaciones fueron entregada gratuitamente a las empresas transnacionales al igual que sus reservas probadas de gas y petróleo valoradas en ese entonces en 10 mil millones de dólares de 1995.